La Justicia de Río Cuarto intimó a Defagot a que explique el destino de los $200 millones para obras
Se trata de un convenio firmado hace dos años entre Provincia y Municipio para hacer dos obras: Iluminación de la ruta 8 e inversión en centro de salud. Un abogado de Arias, tras agotar los tiempos ante el municipio, acudió a la justicia de Río Cuarto haciendo una presentación de un Amparo por Mora.
Ahora el tribunal de cuentas —es decir la Municipalidad de Arias— dispone de fecha y hora para dar cumplimiento a la ley, pero lo deberá hacer ante la justicia y abonando las costas correspondientes.
Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Arias —encabezada por el intendente Javier Defagot— firmaron el Convenio N° 330. Mediante tal acuerdo la provincia transfirió 200 millones de pesos destinados a dos objetivos de obras: 120 millones para la iluminación vial del acceso a la localidad y 80 millones para la ampliación del "centro de salud" decía el convenio que en realidad se supondría, que eran para edificaciones en el Hospital Juan Pedro Cabrini.
Sin embargo, el tiempo pasó y la realidad chocó de frente con los papeles: a más de dos años de la firma, la obra de las luminarias sobre la ruta frente al pueblo permanece inconclusa.
Ya la concejal Verónica Atlanta reclamó con un pedido de informes al ejecutivo en 2025 y sin suerte. Entonces, llegó el 17 de julio pasado, cuando Emerson Sampietro, vecino y abogado de Arias, se hizo la misma pregunta que Atlanta, pero esta vez acudió con notas al tribunal de cuentas municipal.
Sampietro se apersonó por Mesa de Entradas para presentar un pedido formal de informes ante el Tribunal de Cuentas municipal, bajo el amparo de la Ley Provincial N° 8803 de Acceso a la Información Pública.
La ley estipula un plazo estricto de diez días hábiles para responder, pero la administración local dejó vencer los tiempos y justamente al cumplirse un mes de espera sin obtener una sola palabra, el abogado dio el segundo paso administrativo: interpuso un "pronto despacho", una herramienta legal destinada a intimar formalmente al organismo para que rompa el hermetismo en un nuevo plazo perentorio. Nuevamente, la respuesta fue la nada absoluta.
Ante la negativa sistemática y el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas —una exigencia que el propio convenio fijaba en un plazo de 180 días—, el camino administrativo se agotó. Fue entonces cuando Sampietro decidió escalar el conflicto a la justicia.
Esta mañana, Sampietro habló en Panorámico describiendo el asunto diciendo: "Lamentablemente estamos judicializando un tema que era un derecho simple de un vecino", señaló.
Al no haber respuestas locales, acudió a la Cámara Contencioso Administrativa de Río Cuarto para interponer formalmente una demanda de Amparo por Mora. El circuito legal dio su fruto inmediato cuando el juzgado notificó oficialmente al municipio: ahora, la administración y el Tribunal de Cuentas tienen los días contados para presentarse ante la Justicia y explicar, ahora sí, con papeles en mano, el destino de los 200 millones de pesos que la Provincia envió para hacer obras y que a la vista, al menos, no estar
ían explicadas.
